Otro Gato
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que cuatro generales y un grupo de generales adscritos a la IV Brigada del Ejército Nacional son responsables de la ejecución extrajudicial de 442 personas; los crímenes se cometieron entre los años 2004 y 2007 en el marco de la política de Seguridad Democrática impuesta por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Tal como lo informó el tribunal de paz, “Se trata de los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, quienes comandaron la IV Brigada entre 2004 y 2007. También fue imputado Juan Carlos Piza Gaviria, entonces jefe de operaciones”.
#ATENCIÓN | La #JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional por 442 ‘falsos positivos’ en Antioquia entre 2004 y 2007. #Caso03 #Antioquiahttps://t.co/SWv1WZM50B
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 19, 2025
Se trata de un caso de violación de derechos humanos que en Colombia se le conoce como mal llamados ‘falsos positivos’, casos de civiles asesinados por efectivos del ejército de Colombia y presentados como bajas guerrilleras en medio de la política contrainsurgente que implantó el gobierno Uribe.
Según la JEP, se trató de una política de “conteo de cuerpos” cuyo objetivo principal era priorizar la ejecución de guerrilleros para instalar la idea que se estaba ganando la guerra contra la insurgencia. En la búsqueda de ese propósito, se instauró un régimen de compensaciones y motivaciones a la tropa para presentar la mayor cantidad de bajas en le menor tiempo posible, para lo cual agentes del Estado se valieron de artimañas para presentar civiles como subversivos caídos en combate.
Durante la presentación del informe, la magistrada Catalina Díaz y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli narraron que, entre otros motivos, en su propósito por legitimar su política de seguridad, las operaciones militares se ensañaron “contra los más débiles y vulnerables de la sociedad colombiana: menores de edad, habitantes de calle, personas en condición de discapacidad, desempleados, campesinos estigmatizados, integrantes de la población LGBTI”.
Ese objetivo se conseguía a través de presiones y amenazas a las tropas, así como de premios e incentivos a quienes reportaran más muertos, promoviendo una competencia feroz por ocupar los primeros lugares en las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad.
Por estas razones, documentadas en el Caso 03 de ‘falsos positivos’, la JEP encontró “responsabilidad penal a los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria por crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada”.
Es preciso recordar que, desde su instalación como parte del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC-EP, las investigaciones de la Jurisdicción de Paz han consolidado evidencias para encontrar que la menos “6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, años en que el expresidente Álvaro Uribe instauró un régimen militar y policial denominado de ‘Seguridad Democrática’.