Otro Gato
Un llamado urgente del Catatumbo a la acción eficaz del gobierno colombiano frente a la crisis humanitaria y el abandono del Pacto Social.
En el municipio de El Tarra, Norte de Santander, el dirigente social Alberto Castillo, líder del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y exsenador, pronunció un discurso certero durante la Sesión Humanitaria Conjunta del 4 de febrero. Ante organizaciones sociales, congresistas y representantes de derechos humanos, Castillo evaluó el rumbo del gobierno Petro en esta región históricamente marginada, exigió la firma del Pacto Social por la Transformación Territorial y denunció el Decreto 0062 que declara el Estado de Conmoción Interior. Su intervención expuso la tensión entre las promesas de cambio y la persistencia de la violencia en esa zona fronteriza con Venezuela.
Castillo destacó la gravedad de la crisis en Catatumbo, donde el conflicto armado entre el ELN, disidencias de las FARC, y grupos paramilitares ha desplazado a cientos de familias. Sin embargo, subrayó una preocupación clave como es la falta de cifras oficiales confiables. Mientras la Asociación de Municipios, el PMU, la Gobernación y el Ejército ofrecen datos dispersos, toma relevancia la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2023, que fue ignorada. “No queremos creer que se esté usando esta crisis para experimentos políticos”, advirtió, cuestionando si el Estado prioriza “hechos políticos” sobre las víctimas.
El Pacto Social: un sueño colectivo en standby
En 2022, el presidente Gustavo Petro prometió convertir a Catatumbo en la “capital nacional de la paz”, impulsando un Pacto Social para transformar la región mediante educación pública, sustitución de cultivos y justicia ambiental.
El líder social recordó el objetivo central del Pacto, construido participativamente: “Transformar el Catatumbo en un territorio ordenado alrededor del agua, con justicia social y ambiental”. No obstante, denunció que, pese a contar con herramientas legales, falta voluntad política para firmarlo. “Si no se firmó, no es por falta de mecanismos, sino de decisión”, sentenció.
En esta línea, el Estado de Conmoción Interior (Decreto 0062 del 24 de enero de 2025), es para Castillo un abandono al diálogo. Argumentó que los recursos asignados bajo este marco no abordan la raíz del conflicto, sino que se desvían a “áreas metropolitanas”, por lo que cuestionó la coherencia del gobierno. Para él, este decreto simboliza un retroceso pues “se lesiona la confianza en el cambio”.
Entre la retórica y la realidad
En cuanto a la promesa de Petro de conectar a los jóvenes con la educación superior, Castillo puntualizó el caso de una estudiante de El Tarra que preguntó ¿Usted cree que yo pueda ir a la Universidad del Catatumbo?”. Este ejemplo ilustra la brecha entre las expectativas y la implementación. Aunque el gobierno lanzó programas como Jóvenes en Paz, la desatención a proyectos clave, como la reconversión productiva, mantiene a la región en un círculo de violencia.
El dirigente hizo un vehemente llamado a senadores como Iván Cepeda y María José Pizarro para priorizar el diálogo: y sentenció que “El Catatumbo seguirá condenado a 100 años de soledad si se insiste en respuestas militaristas”. Criticó la reciente sesión en Ocaña, donde el gobierno modificó el enfoque del Pacto, marginando a las organizaciones sociales y transfiriendo responsabilidades a entes locales, históricamente permeados por la corrupción.
Sin acciones concretas, Petro podría convertirse en el “último Aureliano Buendía”, un líder atrapado en promesas cíclicas, sentenció Castillo.
¿Será Catatumbo otra víctima de la inercia estatal, o el gobierno firmará finalmente el Pacto que evite su centenario olvido?