Otro Gato
A pocos días de que se inicie el desalojo de la megatoma en el Cerro Centinela, en San Antonio, más de 4.000 familias viven momentos de angustia ante la posibilidad de perder sus hogares sin contar con una solución habitacional real.
Pese a las promesas de diálogo y acuerdos, las autoridades han fallado en ofrecer respuestas concretas a un problema que no es nuevo y que afecta a miles de personas en Chile.
Verónica Morales, dirigenta del campamento, calificó la orden de desalojo como «irresponsable», señalando que «los gobiernos de los últimos 30 años no le han dado solución habitacional a esta gente porque es mejor construir, darle el dinero a la constructora o a la inmobiliaria, que construir viviendas sociales y entregarle solución habitacional permanente a las familias que son más vulnerables». Esta realidad se repite en distintas regiones del país, donde el acceso a la vivienda digna sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
La comunidad ha buscado caminos legales para regularizar su situación. «Estamos trabajando con el Movimiento Nacional de Pobladores, la Defensoría de la Vivienda y el Buen Habitar, además de contar con asesoría legal», explicó Morales.
Incluso han iniciado negociaciones con el dueño del terreno y se han organizado en cooperativas para su compra, en un esfuerzo por alcanzar una solución definitiva. «Una vez que el Estado llegue a un acuerdo con el propietario, se eliminarán todas las querellas y denuncias«, afirmó.
La amenaza de un desalojo masivo
La orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso establece que el desalojo comenzará el 27 de febrero a las 10:00 de la mañana, aunque se ha señalado que será «razonable y paulatino». Sin embargo, los habitantes temen una intervención violenta que los deje en la calle sin opciones reales. «No hay albergues, recursos, ni fuerza pública para ejecutarlo», advirtió Morales, destacando que más del 60% de los residentes son niños, adolescentes y adultos mayores.
Karina Ayala, otra de las dirigentas de la toma, ha sido aún más enfática en su rechazo a la medida: «Estamos en pie de guerra en estos momentos». La comunidad ha dejado en claro que no se irá sin luchar y que resistirá cualquier intento de desalojo que no contemple una alternativa viable para las familias afectadas.
El caso de la megatoma de San Antonio es un reflejo de la grave crisis habitacional que enfrenta Chile. Mientras las autoridades insisten en la legalidad del desalojo, las familias reclaman su derecho fundamental a la vivienda. La falta de políticas públicas efectivas ha obligado a miles de personas a asentarse en terrenos ocupados ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna en un mercado inmobiliario cada vez más excluyente.
El desalojo inminente pone en jaque no solo a los habitantes de la megatoma, sino también al gobierno, que deberá enfrentar las consecuencias sociales y humanitarias de una medida que deja a miles de personas sin un techo. Frente a esto, la comunidad sigue firme en su lucha, exigiendo lo que debería ser un derecho básico: un hogar para sus familias.
