Otro Gato
En poco menos de veinte días de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump ha dejado claro el rumbo y tratamiento que le dará a los derechos humanos, especialmente en temas como la migración, minorías étnicas y colectivos sexo divergentes.
La expulsión masiva de inmigrantes en situación irregular, sus intenciones sobre los palestinos en la Franja de Gaza y su negativa a reconocer a las personas no binarias, han encendido las alarmas y le ha valido ya enfrentamientos diplomáticos a punto de desatar una guerra comercial con varios países del continente americano.
Cuando apenas se cumplen tres semanas del inicio de su segundo mandato, Trump ha dado carta blanca a las autoridades migratorias para desatar una auténtica cacería de inmigrantes en lugares públicos como iglesias, hospitales y centros educativos. Con el afán de cumplir su promesa del “Make American Great Again”, puso en marcha redadas de detenciones masivas para evacuar a todo lo que esté al alcance de los agentes y que no les “parezca” norteamericano.
Primera administración
La administración Trump I se caracterizó por imponer una política de mano dura contra todo aquel grupo poblacional que no fuera blanco. Su política de «Tolerancia Cero», por decir apenas una de sus órdenes, provocó la separación abrupta de miles y miles de núcleos familiares en la frontera, al punto de que se registraron cientos de niños en cautiverio que no tenían acompañamiento adulto.
En esta ocasión, se repiten las imágenes y, con más virulencia, las ha aprovechado su gobierno para hacerse eco de la decisión puesta en marcha de sacar cientos de miles de inmigrantes en poco tiempo. Una publicación de la Casa Blanca en la red social X se ufana de las personas encadenadas y esposadas dirigidas adentro de enormes aviones militares.
La práctica no es nueva y tan sólo en 2024 (en el gobierno de Joe Biden), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) registró más de 270 mil personas retornadas a su país de origen. De ellos, tan sólo el 32.7% tenía una nota criminal en los Estaos Unidos.
Promesas de campaña y propaganda.
Una de los propósitos más abanderados por Trump y sus seguidores durante la campaña presidencial, fue la readecuación de esa política de «Tolerancia Cero» con la inmigración. Para ello ha preparado y estudiado bien el libreto de su narrativa estigmatizante en contra de quienes buscan refugio o un empleo ingresando a suelo estadounidense sin papeles.
Luego de que se desataría una batalla virtual con el presidente de Colombia Gustavo Petro, Trump aprovechó la excitación del momento y se expresó de la manera más peyorativa sobre los colombianos deportados.
Sobre los colombianos deportados desde el domingo 26 de enero, y luego de que el presidente de Colombia Gustavo Petro no dejara ingresar aviones militares con decenas de deportados, Trump afirmó que se trataba de criminales detenidos. Sin embargo, las autoridades colombianas declararon que ningún ciudadano regresado desde suelo norteamericano tenía antecedentes delictivos. Es más, en esos primero vuelos se trasladaron más de cuarenta niños.
El mensaje de la cuenta oficial de la Casa Blanca va directo al punto, sin titubeos: «Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences», (Tal como lo prometió, el presidente Trump está enviando un mensaje contundente al mundo: aquellos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos enfrentarán graves consecuencias). La administración republicana insiste en declarar “ilegal” al ingreso de inmigrantes por las vías no reguladas con visa.
Racismo, limpieza étnica y campos de concentración
El lenguaje y los términos que usa su administración son claros y la prensa comienza a ajustar sus redacciones para adecuarse a argot trumpista. Por ejemplo, en inglés, a los inmigrantes en condición irregular, se les denomina illegal aliens, en una expresión despectiva que el mismo Donald Trump pone en sus ya recurrentes manifestaciones de racismo.
Mientras el mundo entero escuchaba, tal vez por última vez, a los pocos sobrevivientes del holocausto nazi, el presidente número 47 de Estados Unidos anunciaba que firmaría una orden ejecutiva para enviar al menos 30 mil inmigrantes a la cárcel de Guantánamo, en territorio cubano, conocida en el mundo entero por sus prácticas terroristas, en tiempos de la invasión a Irak.
Este anuncio se suma a la cadena de arbitrariedades que ya se asomaban desde la primera administración del magnate y que muchos estadounidenses temían podría desencadenar una guerra civil, con no pocas escaramuzas como las del asalto al Capitolio en enero de 2021; la proliferación de grupos supremacistas.
En estado claves para la vuelta de Trump a la Casa Blanca comienzan a proliferar los grupos supremacistas como el Front popular, que se caracteriza por defender ideas sin sustento como la supuesta “identidad americana”, haciendo referencia a la exclusividad de pertenencia al territorios de los descendientes de colonos blancos europeos, o la manida “renovación cultural” que, en síntesis, es una idea nazi de aptitudes físicas de las personas, además de ser abiertamente anti aborto.
En una reciente manifestación, uno de sus simpatizantes confesaba a una cámara que “Creemos en una concepción del pueblo estadounidense como un grupo étnico real, descendientes de los colonos pioneros europeos, cosas así. Así que tenemos esa concepción de quiénes somos como pueblo americano.”
En medio del pánico que se apodera de la población inmigrante y minorías étnicas y sexuales de caer en las fauces de una política inhumana, las expresiones de solidaridad no han faltado. Uno de los recursos que más se activa por estos días de cacería humana en Estados unidos es la de la conocida ‘Red card’,
Se trata de una iniciativa del Immigrant Legal Resource Center (ILRC) para proteger a las personas en condición irregular en ese país.
Líderes políticos de América Latina no han dudado en describir a Donald Trump como un presidente con rasgos fascistas, a juzgar por las órdenes ejecutivas que adopta en su segundo mandato y que ya había implementado en el primer gobierno.