Otro Gato
Además de la protección de los Estados nacionales, las grandes empresas cuentan con una agenda mediática que criminaliza las acciones de recuperación territorial y soberanía por parte de la comunidad indígena en el sur de América del Sur.
Hace más de 25 años, la prensa hegemónica ha ido edificando el imaginario de inseguridad y violencia en torno a lo Mapuche, ellos han sido ubicados como el enemigo interno de cierta unidad nacional que defienden algunos sectores de los gobiernos de Buenos Aires y Santiago.
La lucha por la autodeterminación, por ejercer soberanía sobre su propio territorio usurpado, es calificada en titulares y redes como delincuencia común. Los avances hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad en Argentina o Chile se han quedado en algunos documentos que no superan la equivoca idea de una población homogénea, blanca y de origen europeo.
En América Latina, desde la década de los noventa, la disputa que diferentes pueblos originarios mantienen con las formaciones nacionales ha adquirido una visibilidad nunca antes pensada. En lo comunicacional algo se ha hecho. En el caso Mapuche, medios alternativos y voluntades del mediactivismo han sumado para rebelar los reclamos indígenas en el marco de las sociedades nacionales.
Medios imperfectos
Para defender sus derechos y su identidad cultural, los Mapuche han encontrado prácticas mediáticas alternativas a los monopolios de información. En la larga pugna por la autodeterminación, ellos han creado sus «Medios imperfectos» nombrados así por el investigador chileno Juan Salazar para definir formas alternativas de mediación cultural que logran ingresar en la esfera mediática global y pueden ser entendidas como contra hegemónicas1.
En la actualidad, el mediactivismo cultural mapuche ha podido fracturar la sesgada representación que de ellos se hace en los medios tradicionales y que está limitada a los relatos periodísticos del «conflicto Mapuche», es decir a las acciones por la reclamación de tierras y al enfrentamiento cultural y medioambiental que mantienen contra los Estados nacionales y las transnacionales.
Con su «palabra alzada desde la tierra» (mapu dungun) han podido ingresar sus demandas en las agendas políticas internacionales. El activismo mediático destaca como estrategia para la exigencia de derechos pero no sólo de ello se trata.
Los medios mapuche, alternativos, imperfectos, son también maneras de «despensar el eurocentrismo». Mediactivistas del pueblo mapuche hablan, cantan, declaman, imaginan y se piensan a sí mismos. Son una mirada distinta y quizás también un llamado a la descolonización de la práctica mediática.
Hablar de colonialismo es medular a la hora de informar sobre el movimiento mapuche, en los territorios de la Patagonia y la Araucanía hubo un proceso de ocupación y despojo en la segunda mitad del siglo XIX, hubo una imposición cultural y lingüística, fue disuelta la soberanía y ferozmente fracturado el poder de un pueblo.
La civilización y el progreso fueron postulados racistas que por muchos años intentaron justificar la aniquilación material y simbólica del pueblo Mapuche. En contraparte a la operación reduccional, la organización política mapuche sumó fuerza, se convirtió en refugio y desde allí se juntan nuevas voces para desenmascarar el relato civilizatorio y develar las violencias en él inscritas.
Además de compartir la frontera más larga del continente, Argentina y Chile comparten la identificación de la organización Mapuche como una amenaza que está profundamente vinculada a prácticas de resistencia al modelo extractivista. Frente a este enemigo común, en los últimos años, se han articulado estrategias de criminalización como la fallida Operación Andes, planificada entre ambos Estados contra flagelos como el narcotráfico y el tráfico de armas pero sumando otros delitos de carácter “terrorista” dentro de los cuales incluyen el «problema mapuche».
La binacional Andes de finales de 2017 fue una continuación del conocido Caso Huracán, una operación política-policial y comunicacional que en Chile permitió encarcelar a dirigentes mapuches sin tener pruebas pero contando con la complicidad de policías y fiscales para fabricar montajes e incriminar a dirigentes comuneros.
Desde el dispositivo oficial, estatal y empresarial, la causa mapuche empezó a ser objeto de criminalización tras las movilizaciones en torno al Quinto Centenario -del mal llamado descubrimiento de América- y que a principios de los noventa exigían justicia ante las sistemáticas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
Por aquellos días pos dictadura, de la llamada transición política chilena, hubo la expectativa de un diálogo franco con las nuevas autoridades electas y de un escenario a favor de las demandas históricas del pueblo Mapuche. En este contexto, la organización Aukiñ Wallmapu Ngulam emerge con la apuesta de iniciar el proceso de recuperación de tierras ancestrales y además advertir que la Ley Indígena impulsada por el Gobierno no respondía a las reales necesidades y exigencias de los pueblos originarios.
El derecho a la autodeterminación, a la tierra y al territorio, el reconocimiento constitucional y la creación de un parlamento mapuche son parte los objetivos fundacionales de la organización que bajo el liderazgo de Aucan Huilcaman, inició una serie de acciones simbólicas en esta dirección. En la primera mitad de la década de los noventas, estas acciones, en su mayoría recuperaciones de tierras, lograron visibilizar en la opinión pública lo que los medios y la institucionalidad chilena denominó como «conflicto mapuche».
La disputa entre la Nación Mapuche y los Estados nacionales de Argentina y Chile ha sido desde sus orígenes un conflicto, pero a finales del siglo XX se desencadenó una nueva escalada entre los mapuches y las empresas forestales. Extensas plantaciones de pino y eucalipto quiebran el equilibrio ecológico de los territorios, sus tupidos bosques no permiten que junto a estos crezca algo más y causan deterioro en las comunidades aledañas.
A mediados de mayo de 2022, el presidente chileno Boric ordenó el despliegue militar y decretó el estado excepción en localidades del territorio en disputa en el sur de Chile. Según reseña la prensa local, la medida que lleva dos años y que ha sido prorrogada decena de veces en el Congreso, busca detener acciones violentas suscitadas por el conflicto entre el Estado Chileno, el pueblo mapuche y conglomerados de empresarios y latifundistas.
Para las comunidades indígenas, la militarización del territorio en realidad se vive desde que tienen memoria, a pesar que el actual mandatario chileno había criticado el despliegue militar ordenada por su antecesor, el fallecido Sebastián Piñera, no tardó en reincidir en la estrategia armada para abordar el conflicto y, paradójicamente, Gabriel Boric se ha convertido en el dirigente progresista que más tiempo ha prolongado la presencia de militares en el territorio en disputa.
Colonización y exterminio
Desde mediados del siglo XIX, entre 1861 y 1885, los gobiernos de Argentina y Chile iniciaron una feroz y criminal ocupación militar en territorios de la Araucanía y la Patagonia, en Wallmapu: espacio territorial de la población mapuche.
En las nombradas Campaña del Desierto y Pacificación de la Araucanía fueron masacradas decenas de miles de personas de la comunidad mapuche, pueblo ancestral preexistente a la formación de los estados nacionales. Bajo la arremetida colonizadora, gran parte de los indígenas fueron exterminados y quienes libraron la muerte fueron sometidos, algunos en campos de concentración, otros repartidos como esclavos y sus niños entregados como servidumbre a las familias winka (blancas).
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En la actualidad, se calcula que la población mapuche suma casi dos millones de personas que viven en localidades del extremo sur de América del Sur, campos que atraviesan los linderos de Argentina y Chile, incluyendo las capitales Buenos Aires y Santiago debido al fenómeno de la migración.
En las zonas urbanas, los mapuche continúan bajo discriminación y día a día la sociedad moderna insiste en el borrado de su lengua, cultura e identidad. Además de ello, su causa por la autodeterminación enfrenta una creciente criminalización marcada por una agenda mediática que refuerza las matrices de inseguridad y violencia.
En Chile, 1.745.147 personas expresaron corresponder al pueblo mapuche. A partir de la pregunta ¿se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario? 2.185.729 personas declararon pertenecer a los pueblos indígenas, lo que equivale al 12,8% de una población total de 17.574.003 según el censo poblacional de 2017.
En Argentina, más de un millón de personas reconocieron ser integrantes o descendientes de alguno de los 58 pueblos indígenas registrados en el país por el censo poblacional 2022. Entre los pueblos indígenas, la comunidad mapuche registró un total de 145.783 personas.
Chile y Argentina comparten una historia de ocupación y colonialismo sobre el pueblo mapuche, nación que se resiste al estatus colonial de pueblo indígena.
Referencias
- Salazar, Juan Francisco (2004): Imperfect media: the poetics of indigenous media in Chile. [Doctoral dissertation] College of Arts, Education and Social Sciences. School of Communication, Design and Media. University of Western Sydney ↩︎
