Otro Gato
Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) reanudó el juicio de la Causa de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 635, conocida como “ADPF das Favelas”, que busca limitar el uso excesivo de la fuerza en operativos de seguridad.
La violencia policial en Brasil ha cobrado miles de vidas en las últimas décadas, afectando principalmente a las comunidades periféricas y afrodescendientes.
Solo en 2023, en el estado de Río de Janeiro, la acción policial resultó en 871 muertes, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP). El caso “ADPF das Favelas” fue presentado en 2019 por el Partido Socialista Brasileño (PSB) y cuestiona la legalidad de las acciones policiales en áreas vulnerables, especialmente cerca de escuelas y hospitales.
Durante la sesión de este miércoles, movimientos sociales y familiares de víctimas de la violencia estatal se concentraron frente a la sede del STF en Brasilia, exigiendo justicia y medidas concretas para proteger la vida de los habitantes de las favelas. Aline Leite, fundadora del movimiento Mães do Acari, expresó su esperanza en la decisión del STF: “Este ADPF representa la oportunidad de garantizar el derecho a la vida y poner fin a los abusos que sufrimos en nuestras comunidades”.
Su hermana, Cristiane Leite de Souza, desapareció en 1990 en un caso sin esclarecer. Ana Paula Oliveira, madre de Johnatha, un joven de 19 años asesinado por la policía en 2014 en la favela Manguinhos, también estuvo presente en la audiencia. “Cuando vi en los medios que la policía decía que mi hijo murió en un tiroteo, sentí que lo mataban por segunda vez. Desde entonces, lucho por la verdad y la justicia”, afirmó.
El Instituto Marielle Franco destacó que este juicio podría transformar el enfoque de seguridad pública en Brasil. “Es la primera vez que el STF aborda la violencia policial en un proceso estructural, reconociendo su dimensión de racismo institucional”, declaró la organización.
De ser aprobada, la ADPF 635 establecería parámetros claros para los operativos de las fuerzas de seguridad y obligaría al Estado a respetar derechos humanos fundamentales.
Según Tainá Alvarenga, de la organización Redes da Maré, en 2024 se registraron 148 muertes en la comunidad de Maré, muchas de ellas con signos de ejecución extrajudicial. “De esas muertes, solo 11 fueron investigadas en el lugar de los hechos. Es fundamental que se garantice la presencia de peritos y ambulancias en los operativos policiales, y que se eviten acciones dentro de los perímetros escolares y hospitalarios”, advirtió.
El juicio de la ADPF das Favelas representa un momento crucial para la justicia en Brasil. Su resultado podría definir el futuro de la seguridad pública en el país y establecer un precedente para el combate a la violencia policial en comunidades vulnerables.
