Otro Gato
En el corazón del barrio de La Sampal en Barcelona, la Casa Orsola se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la especulación inmobiliaria.
El emblemático edificio para quienes luchan por el derecho a la vivienda digna enfrenta la amenaza de desalojo por parte de un fondo de inversión, que utiliza diversos mecanismos para lograr el desahucio masivo de quienes habitan el edificio.
El fondo buitre Lioness adquirió la propiedad de 18 pisos y donde habitan decenas de familias con la intención de expulsar a los residentes actuales y construir habitaciones de lujo. Este tipo de fondos de riesgo se dedican a la compra de bienes a bajo precio por diferentes factores, en este caso, la inmoralidad del desalojo de cientos de familias.
En contraposición, miles activistas y vecinos han levantado barricadas simbólicas y han organizado protestas para defender sus hogares y exigir soluciones concretas.
La situación en Casa Orsola refleja una crisis más amplia de habitabilidad en Barcelona y otras ciudades españolas. Según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, se necesitan construir anualmente al menos 20 mil pisos de protección oficial para cubrir la demanda actual, contrastando significativamente con los escasos 100 pisos que se construyen cada año bajo las políticas actuales.
En consecuencia la crisis habitacional española se profundiza. La suspensión temporal de los desalojos durante la pandemia permitió una reducción significativa de estos procedimientos en 2020, pero la tendencia cambió rápidamente cuando las restricciones se levantaron.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, buscaba ampliar la protección para los sectores vulnerables, sin embargo, los datos muestran que en 2024 los desahucios han seguido en ascenso, con un incremento del 12,8% en el primer trimestre y del 7,8% en el segundo.
Las respuestas políticas, aunque reconocen la crisis, han sido criticadas por su lentitud y falta de efectividad. Desde el sindicato de inquilinos se hace un llamado a la expropiación del edificio y su inclusión en el parque de vivienda público, asegurando así un acceso equitativo y sostenible a la vivienda para todos los residentes.
Esta problemática trasciende las fronteras nacionales, siendo parte de una tendencia global de especulación inmobiliaria impulsada por fondos de inversión transnacionales como Black Rock. Tales entidades utilizan la vivienda como una mercancía para maximizar sus ganancias, contribuyendo al aumento de precios y la expulsión de residentes locales.
La acción comunitaria por Casa Orsola logró una victoria inicial en la batalla legal, donde el desalojo fue pospuesto pero no cancelado, los activistas y residentes permanecen vigilantes y llaman a una resistencia continuada y a una movilización constante para evitar futuros desalojos y preservar la comunidad de la residencia.
Sin embargo, más allá del caso particular, el de Casa Orsola representa millones de historias en todo el mundo de un acceso a la vivienda cada vez más restringido a las clases populares y que deja miles de residencias deshabitados en obediencia a intenciones especulativa. La resistencia de sus habitantes y el apoyo de la comunidad son cruciales para redefinir políticas públicas que garanticen un derecho básico como es el hogar.
