El pasado domingo, Venezuela celebró una consulta popular en la que más de 5.000 comunas y circuitos comunales participaron en la elección de proyectos comunitarios, en un ejercicio democrático orientado a la gestión directa de los recursos por parte de las comunidades organizadas.
El proceso fue organizado bajo los lineamientos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contó con la habilitación de más de 1.000 centros de votación en los 335 municipios del país.
La consulta popular permitió a los ciudadanos seleccionar hasta siete proyectos por comuna, los cuales serán ejecutados con financiamiento estatal.
La iniciativa busca consolidar el poder comunal como un modelo de democracia directa, otorgando a las comunidades la capacidad de decidir sobre la inversión de recursos públicos en función de sus necesidades más urgentes.
Durante la jornada, se vivió un ambiente festivo en diversas localidades, con vecinos organizados que celebraron la oportunidad de incidir directamente en la gestión de sus territorios. “Esta elección es del pueblo y para el pueblo, ahora nosotros decidimos en qué se invierten los recursos”, expresó Franklin Quintero, un líder comunal del populoso barrio de Petare.
Impacto en las comunidades
Uno de los ejemplos de los beneficios de este mecanismo es la comuna 5 de marzo en Caracas, donde los habitantes han logrado mejorar el abastecimiento de agua gracias a proyectos aprobados en consultas anteriores.
“Antes nos tocaba cargar agua a mano, ahora el 50% de las casas ya tienen acceso al servicio, y seguimos trabajando para alcanzar el 100%”, señaló un vocero comunal.
El sistema de consulta popular comunal se realiza trimestralmente, permitiendo ajustes continuos a las prioridades de cada comunidad. Según los organizadores, la participación en esta tercera edición fue superior a las anteriores, debido a que los ciudadanos han podido observar resultados concretos en su entorno inmediato.
Como expresión de un socialismo participativo, la consulta refuerza la descentralización del poder y contribuye a la lucha contra la burocracia y la corrupción, al dejar en manos de las comunidades la administración de los recursos.