Presentificar el pasado es hacer memoria. La película Verdades Verdaderas, la vida de Estela, 2011, basada en hechos reales, cuenta como una madre bregó incansablemente desde la desaparición de su hija en la última dictadura argentina.
Dirigida por Nicolás Gil Lavedra, este largo documental recrea la vida de Estela Carlotto, quien fue presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una maestra que por su activismo se transformó en ícono de los Derechos Humanos en Argentina y en el mundo.
Verdades verdaderas es la historia de miles argentinos y argentinas que suman más de cuatro décadas luchando por la verdad y la justicia, por qué no quede impune la monstruosidad que gobernó el país entre 1976 y 1983.
En el film documental, una mujer llega al Comando del Ejército en Buenos Aires para implorar que no le maten a su hija. Por aquellos días de 1977, la respuesta del alto mando del régimen cívico militar fue “Acá hay que hacer lo que hay que hacer”.
La secuencia pone en evidencia lo injustificable, el horror de 30.000 mil desaparecidos y desaparecidas que lejos de ser un dato estadístico es una cifra para referenciar el horror, es un lugar de memoria, una memoria que está bajo amenaza.
Movilización ante los actos de crueldad
Laura Bonaparte fue una luchadora incansable por los derechos humanos, psicoanalista y militante, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. En la dictadura argentina sufrió el asesinato de su esposo y la desaparición de tres hijos y dos yernos. Un hospital especializado en salud mental, que el gobierno de Javier Milei decidió cerrar, lleva su nombre.
“Para mí, es un acto de crueldad pura. Es la expresión de funcionarios que se manejan con un Excel y no tienen en cuenta que detrás de los números hay seres humanos que sufren” dijo el periodista Luis Bruschtein, en entrevista reseñada por Pagina 12, su madre fue Laura Bonaparte y cuestionó la decisión de cerrar el único hospital nacional de salud mental que funciona en la provincia de Buenos Aires.
Bajo una maniobra de reordenamiento y reestructuración, el gobierno adelantó que cerrará el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. De concretarse el cierre del recinto, miles de pacientes en salud mental, incluyendo niñas, niños y adolescentes quedarán sin tratamiento.
Medidas como esta hacen parte de las reformas que Javier Milei está aplicando en Argentina y que van direccionadas a la desregulación de la economía y al desmantelamiento del Estado. La receta incluye la eliminación de políticas de salud, educación, seguridad social y derechos humanos.
La foto con represores famosos
La visita de diputados ultraderechistas a condenados por crímenes de lesa humanidad está en sintonía con un discurso que desde lo estatal pretende minimizar la feroz dictadura que entre 1976 y 1983 sufrió el pueblo argentino.
Hay imágenes que, más que para ser vistas, son para ser contadas. Esta fotografía circuló velozmente por reunir a represores condenados por cometer crímenes de terrorismo de Estado en la última dictadura argentina. En el retrato, tomado en la cárcel de Ezeiza, en Buenos Aires, también posan seis legisladores del partido de Javier Milei y detrás de ellos la imagen de Jesús en la cruz.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional” explicó el diputado libertario Beltrán Benedit, en agosto de 2024, para justificar la visita hecha por legisladores de derecha a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. La declaración se conoció a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y fue confirmada por el parlamentario ante la prensa local.
Ante el escándalo que generó la imagen y un contundente rechazo de parte de organismos de derechos humanos, medios de comunicación fueron informando el motivo de tan particular reunión. Según trascendió, la visita al penal por parte de los diputados de derecha tendría como fin avanzar en un proyecto para que los represores condenados dejaran la cárcel y accedieran al beneficio de prisión domiciliaria.
En días posteriores, se conoció por la prensa argentina, que los proyectos de ley en realidad eran dos y fueron introducidos para discusión en el Senado unos cinco días antes de que Javier Milei asumiera la presidencia.
Respecto al contenido, uno de ellos busca que la aplicación de casa por cárcel sea automática para los presos mayores de 70 años y no sujeta a evaluación de cada caso. El otro, persigue limitar a veinte años el tiempo entre el inicio de un proceso y su sentencia firme, medida que beneficiaría a casos aún pendientes por las demoras del Poder Judicial.

Tras la fotografía, el encuentro y demás revelaciones, salió a la luz todo un entramado para impulsar cambios en las leyes argentinas que benefician a militares genocidas comprobados. Actualmente hay una investigación en curso y pedidos para suspender a los legisladores involucrados.
El papá argentino: No aflojen, conserven la memoria
Ana Fernández, hija y nieta de víctimas de la dictadura argentina, acudió los primeros de agosto a una reunión privada en el Vaticano con el Papa Francisco. Ella es nieta de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, quien fue secuestrada, torturada y desaparecida en uno de los “vuelos de la muerte” en 1977.
“No aflojen, conserven la memoria” fue la expresión de aliento del sumo pontífice, quien definió la foto de diputados libertarios con famosos represores como “algo muy peligroso”.
En Italia, días atrás, Jorge Beglogio había visitado a la sobrina de una de las monjas francesas desaparecidas en dictadura. En este secuestro, participó uno de los criminales retratados en Ezeiza
Alfredo Astiz, uno de los represores fotografiado, participó en el secuestro de la religiosa y está recluido en el penal por la tortura y desaparición de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino, la abuela de Ana Fernández.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado identificar a más de 130 niños nacidos en cautiverio, quienes fueron entregados a familias sustitutas por los mismos militares que torturaron y mataron a sus padres.
Argentina es uno de los contados países que consiguió llevar ante tribunales civiles a sus opresores militares. Los juicios contra los represores en dictadura permitieron develar lo que la justicia argentina definió como un “plan sistemático de desaparición, tortura y extermino” ocurrido en el marco de un genocidio.
El ultraderechista Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel han sostenido públicamente que lo que aconteció durante la dictadura no fue un genocidio sino “una guerra” contra grupos subversivos en la cual se cometieron “excesos”. Desde la Casa Rosada ¿Podrán borrar las verdades verdaderas?