Rober Vivas
Desde su llegada a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei se obsesionó con perseguir un superávit fiscal a costa de lo que fuera, incluso, desmantelando las instituciones del Estado dedicadas a garantizar derechos sociales, entre ellas el derecho humano a la alimentación.
De acuerdo con la encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) -en la medición del primer semestre del 2024- la pobreza en Argentina creció hasta el 52,9% de la población, un incremento de más de 10 puntos porcentuales durante el actual gobierno.
En eso primeros seis meses del año, donde la pobreza en Argentina cabalgó 11,2 puntos porcentuales, la principal caída se vio en el consumo de los argentinos de los productos básicos para una dieta balanceada.
Contrasta que mientras el acceso a alimentos y el consumo de algunos productos básicos se reduce velozmente, las ganancias de las corporaciones de productos comestibles ven incrementos de entre 1000% y 4000%, según cifras del informe “Ganadores y Perdedores en los primeros meses del gobierno de Milei” del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, citado por el estudio Rascar la olla Informe sobre el desmantelamiento de políticas agroalimentarias en los primeros meses del gobierno de Milei.
Las medidas de ajuste del gobierno argentino han profundizado la brecha de desigualdad entre los grandes capitales y los pequeños productores. Mientras la agroindustria y los exportadores marcan ganancias por más de tres dígitos, los pequeños productores reciben 8% menos de ingreso por sus ventas.
Preparar un plato de guiso (receta muy popular en Argentina), es cada vez más costoso para las familias. Adquirir sus ingredientes, en relación con el ingreso del salario mínimo, se hace más restrictivo en las clases populares.
Cifras recientes de medición de los productos de consumo básico, observan una caída vertiginosa en la cadena de valor, es “el caso de la yerba mate, —revela el informe— por ejemplo, la apertura comercial y la desregulación condujeron a una caída superior al 50% en los precios de la hoja verde, es decir, del precio que se le paga a los productores perjudicando severamente tanto al productor como al consumidor final.
Para acceder a alguna fuente de seguridad alimentaria, cada vez más hogares asisten a organizaciones de la sociedad civil que brinda solidariamente un plato de comida caliente o, en casos también extremos, debieron acudir al endeudamiento.
La combinación de la eliminación de organismos públicos vinculados a la protección social, la reducción de las jubilaciones, la creación de políticas públicas que favorecen al gran capital y la persecución a iniciativas populares para la realización del derecho a la alimentación, sumen a la Argentina en índices que no se registraban hace décadas.
Todo esto en nombre de su obsesión por mostrar al mundo que su administración, sólo en apariencia, logrará “enderezar” la economía, cuando en la realidad es que la dieta balanceada para la infancia, los adultos mayores y las zonas marginadas en las ciudades se desvanece.
Milei rugió ante los medios que entre julio y agosto de este año el superávit comercial creció 30,7%, pero oculta que para alcanzar ese indicador desmontó algunas políticas del Estado y programas públicos, como la política para la agricultura familiar y campesina, por dar solo un ejemplo, lo que se ha traducido en el salto en cifras de hambre.
